Luz cara en España: la inacción fiscal que asfixia a hogares y empresas

El coste de la vida en España no da tregua, y en el centro de esta tormenta económica se encuentra, una vez más, el precio de la electricidad. ¿Estamos condenando a hogares y empresas a una carga insostenible mientras otras naciones europeas despliegan medidas de alivio fiscal? La evidencia reciente sugiere que sí, y las voces críticas son cada vez más difíciles de ignorar.

Recientemente, el precio de la luz ha mostrado nuevas subidas. Solo hace unos días, expertos pronosticaban picos superiores a los 300 euros por megavatio-hora (MWh) entre las 7:00 PM y las 10:00 PM, alcanzando los 342 euros/MWh a las 8:00 PM, según cálculos sobre la tarifa PVPC publicados por Libre Mercado. Este incremento se suma a una tendencia preocupante: el precio medio diario de la electricidad ya repuntó a 201,99 euros/MWh, marcando su nivel más alto desde diciembre de 2022. Todo esto en un contexto donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) repuntó al 4,9% en septiembre, su tasa más elevada desde febrero de 2023, impactando directamente la capacidad de compra de las familias.

La encrucijada fiscal: ¿excepción española en Europa?

Desde Invesfera, observamos con preocupación la postura del Gobierno español respecto a los impuestos sobre la electricidad. Esta reticencia a revisar los gravámenes contrasta notablemente con el enfoque de otros gobiernos europeos. Durante la crisis energética de 2022, los estados de la UE destinaron más de 500.000 millones de euros a medidas de apoyo, como señaló Reuters, y en abril, ya habían comprometido más de 10.000 millones de euros en medidas fiscales a corto plazo, según datos de Bruegel.

Incluso dentro de España, hemos visto una reducción del IVA de la gasolina y el diésel del 21% al 10% hasta junio de 2026, una medida destinada a aliviar el bolsillo de los consumidores, como detalla Repsol. Entonces, ¿por qué la electricidad, un bien de primera necesidad, no recibe un tratamiento fiscal similar? Esta disparidad en la política fiscal energética nos lleva a cuestionar la priorización de los alivios para los ciudadanos.

Cuando la demanda y el gas se acentúan por la política

Es innegable que factores como el incremento de la demanda y el encarecimiento del gas natural son motores clave de la subida del precio de la electricidad. El gas influye directamente en los ciclos combinados, que fijan el precio en horas sin suficiente energía renovable, tal como explican diversos análisis sobre el mercado. Sin embargo, en un mercado ya afectado por estas dinámicas globales, la carga impositiva se convierte en un multiplicador del problema.

Cuando los precios base ya son elevados, cada porcentaje añadido en impuestos se traduce en una presión desproporcionada sobre la factura final. La factura eléctrica, con sus peajes, cargos y términos de ajuste, ya es un complejo entramado que soporta cargas adicionales más allá del mero coste de la energía. Ignorar el componente fiscal es, en nuestra opinión, obviar una palanca de control significativa sobre el coste final para el consumidor.

Un lastre para la recuperación y el día a día

El efecto dominó de la electricidad cara y la alta inflación no se limita a la capacidad de ahorro de las familias. También afecta gravemente a las empresas, especialmente a las de menor tamaño y a los sectores con alto consumo energético, mermando su competitividad y su capacidad de generar empleo. La energía es un coste transversal que impacta en la producción, el transporte y la prestación de servicios, repercutiendo finalmente en los precios de otros bienes y servicios.

Si la meta es fomentar una recuperación económica robusta y proteger a los ciudadanos de la crisis del coste de la vida, una política fiscal más proactiva en el ámbito energético parece indispensable. Desde Invesfera, consideramos que mantener una política fiscal rígida en el sector eléctrico, en un momento de inflación persistente y de elevados precios energéticos, es una oportunidad perdida para el Gobierno de España. La intervención fiscal selectiva, como ya se ha demostrado en otros sectores energéticos y en otros países de la UE, podría ofrecer un respiro tangible a la economía doméstica y empresarial. Es hora de que el ejecutivo reevalúe su postura y considere una senda más alineada con el sentir de la ciudadanía, antes de que el coste de la luz apague definitivamente las expectativas de muchas familias y negocios.